Cifras (III) Fraude
Estadísticas
y estudios son siempre muy resbaladizos
y se pueden quedar en humo, si carecen de
contexto. También es cierto que si
son suficientemente expresivos (“reveladores”)
pueden aportar nuevas piezas a ese mosaico
subjetivo, y en permanente construcción,
que cada cual va montando y que podemos
llamar realidad común. En el tema
del fraude, en concreto, ofrecemos una primera
entrega sobre algunos aspectos de la situación
en Alemania.
La economía sumergida en Alemania
alcanza ya más de la sexta parte
(17,1 %) del PIB; en euros: 370.000 millones.
Si el estado se preocupara de verdad en
acabar con ello ingresaría los correspondientes
impuestos (64.000 millones) y cotizaciones
a la seguridad social -enfermedad, pensiones,
seguro de desempleo, etc. (54.000 millones).
Con ese dinero se podría cubrir el
nuevo endeudamiento público y parte
del servicio de la deuda. La economía
sumergida, por cierto, crece el doble de
rápido que el conjunto del PIB.
Más fraude. En Alemania la sinceridad
fiscal de los más ricos deja mucho
que desear. Cada vez más. Las delegaciones
de hacienda del estado federado de Renania
del Norte Westfalia revisaron en el primer
semestre de 2003, 267 de las 1.700 declaraciones
de la renta de los millonarios de ese Land.
Sólo 21 declaraciones eran correctas.
En el resto, 246, el fraude cometido fue
sancionado con multas que, en total, alcanzaron
los 23 millones de euros, 86.000 euros por
declaración revisada (en 2001 fueron
47.000 euros por caso). Extrapolando estas
cifras a todo el territorio alemán,
la cifra permitiría ampliar en varios
miles el cuerpo de inspectores fiscales
y así luchar más eficazmente
contra los delitos económicos, sobre
todo los de “cuello blanco”.
El gobierno rojiverde ha preferido, en vez
de intensificar y ampliar el control, amnistiar
(año fiscal 2003/04) a quienes declararan
y repatriaran dinero negro depositado en
paraisos fiscales o paises vecinos como
Luxemburgo.
Además de la economía sumergida
y el fraude fiscal, la criminalidad económica
impide al estado recaudar cuantiosos fondos:
6.800 millones de euros. La cifra fue publicada
por el presidente de la Brigada Federal
de lo Criminal el pasado octubre. El fiscal
general de Francfort, por su parte, estima
en cinco mil millones, los daños
causados a las administraciones públicas
sólo en proyecto de construcción
oficiales.
Y en este contexto de fraude
no hay que olvidarse de la corrupción
en el sistema de salud pública. La
sección alemana de Transparency International
y la Federación de Asociaciones de
Consumidores presentaron en noviembre un
informe en el que estiman en hasta 20.000
millones de euros los daños causados
por la corrupción a la sanidad publica
germana. Ambas organizaciones comparan la
situación de Alemania con la de otros
estados industrializados, donde la corrupción
en este sector devora entre el tres y el
diez por ciento del gasto total. En el caso
germano los autores del estudio colocan
el volumen defraudado más cerca del
diez por ciento, es decir 20.000 millones
de euros.
Uno de los capítulos que según
los expertos se presta más fraudes
es el de las medicinas. Un ejemplo es el
software para seleccionar medicamentos en
las consultas médicas. Esos programas,
patrocinados por las grandes industrias
farmaceúticas y entregados gratuitamente
a los médicos, privilegian las opciones
de las empresas patrocinadoras, despreciando
la variable costes y el bienestar del paciente.
Otro capítulo sensible es el marketing
de la industria farmaceútica, un
rubro que mueve miles de millones de euros
anualmente. Muchos de los nuevos remedios
lanzados al mercado no aportan nada nuevo
y sólo disparan los costes de los
seguros médicos. En ese sentido las
organizaciones de consumidores denuncian
el papel de los científicos encargados
de elaborar, sin ningún escrúpulo,
informes a gusto de la industria farmaceútica
con el solo objetivo de avalar publicitariamente
un nuevo producto. Los grandes grupos también
están detrás de algunos grupos
de auto-ayuda para pacientes, en los que
bombean generosas sumas de dinero. En general
se controla poco y mal, según los
autores del informe citado, pero además
hay que añadir las dificultades de
orientarse en la maraña de 300 seguros
de enfermedad (entre los integrados a la
sanidad pública, los concertados
y privados), organizaciones médicas
y otros colectivos profesionales que generan
un volumen de corrupción al que solo
unos poderes públicos con mucho coraje
pueden hincar el diente. Tal vez por eso
el gobierno roji-verde decidió evitar
enfrentarse a la poderosa industria farmaceútica
(y a los lobbies médicos) y cargar
el peso de la reforma sanitaria de 2003
a las espaldas de asegurados y pacientes
a través de recortes de prestaciones
y de pagos adicionales por las consultas
médicas y estancias hospitalarias
(hasta un tope del dos por ciento del sueldo
bruto anual). Con la reforma se pretende
aliviar el abultado déficit de los
seguros de enfermedad. A cambio de esos
recortes, se preveía un descenso
progresivo de las cuotas al seguro, del
actual 14,3 por ciento al 13,6 por ciento
en 2005, hasta situarse en el 12,15 por
ciento en 2006. La ministra de Sanidad,
Ulla Schmidt, admitió a mediados
de noviembre que la reducción de
las cotizaciones será inapreciable.
El fraude tiene, por supuesto,
más caras en Alemania (cuentas paralelas
y malabarismos contables de los partidos
políticos, sector inmobiliario, trampas
en las ayudas de la UE,-donde Alemania es
subcampeona europea-, etc.); nos ocuparemos
de ello en próximas entregas de Berlinsur.
Luis
M. Rivas. Diciembre
2004
(Fuentes: Johannes M. Becker,
Coordinador del Centro de Investigación
de Conflictos de la Universidad de Marburg;
en Junge Welt, 20.XI.04)
