La protección a las familias de refugiados es una de las asignaturas pendientes en la legislación alemana de extranjería. El caso que pasamos a describir es un mero testigo de la práctica administrativa cotidiana de este país. En realidad, las autoridades de extranjerías locales disponen de un margen de maniobra que les permite evitar decisiones desproporcionadas e inhumanas. Algunos hacen uso de ello y otros, como este caso, prefieren aferrarse a la letra de la ley.

Süleyman Bulut, de 20 años de edad, es el hijo mayor de una familia kurda residente en Wathlingen (Baja Sajonia). A las tres de la madrugada del 21 de diciembre fue sacado de la cama y expulsado a Turquía. Atrás quedaron sus padres y seis hermanos/as.

La familia Bulut llegó en 1992 a Alemania y solicitó asilo político. Süleyman tenía entonces ocho años. Aprendió alemán, fue al colegio y, terminada la primaria, logró una plaza para estudiar en una escuela profesional. Las autoridades, sin embargo, le negaron el permiso para realizar esa formación por carecer de permiso de residencia (la solicitud de asilo del padre estaba aún en trámite). Se le forzó a interrumpir sus estudios, se le amenazó con ser repatriado y se le obligó a realizar “tareas de interés comunitario”. El objetivo no declarado es impedir que jóvenes como Süleyman “echen raíces” en Alemania.

Después de 12 años de esfuerzos, el padre y la madre de Süleyman recibieron el permiso de residencia en mayo de 2004. El Tribunal administrativo de Lüneburg consideró en su fallo que no se les podía expulsar a Turquía debido a la persecución sufrida en aquel país. El veredicto ampara también a los hijos menores de edad de la pareja, pero no a Süleyman, quien en el momento de la decisión judicial ya era mayor de edad.

La deportación interrumpió violentamente la terapia sicológica que el joven llevaba a cabo desde mayo de 2003. Su terapeuta, el Dr. Krüger, había diagnosticado trastornos en situaciones de tensión de carácter postraumático y advirtió de que, en caso de expulsión, el riesgo de suicido era muy alto. La oficina de extranjería responsable del caso, Celle, tuvo la posibilidad de acogerse al diagnóstico del médico para aplazar la deportación o “tolerar” la presencia de Süleyman en el país. Pero, se decidió seguir adelante. Un segundo dictamen médico solicitado por las autoridades confirmó el diagnóstico del doctor Krüger, pero consideraba posible el traslado del joven a Turquía “acompañado por agentes de policía y un médico experimentado”.
Luego se supo que este segundo informe estaba condenado a ser irrelevante, ya que el pasaje para Estambul había sido reservado 4 días antes de esta segunda prueba. Además el perito consultado había colaborado, según propias declaraciones, en otras deportaciones, con lo que su independencia era algo dudosa.

Los temores por el bienestar de Süleyman se confirmaron la noche previa a su traslado. Según sus familiares se encontraba en un estado de extrema excitación y con mucho esfuerzo se impidió que se arrojase por la ventana. La posterior presencia de amigos, su abogada y su terapeuta lograron calmarle algo. Finalmente, el muchacho kurdo no ofreció resistencia durante el trayecto a Estambul. En el aeropuerto turco fue recibido por la policía local, que le puso en libertad al día siguiente tras interrogarle. En la metrópoli turca se ocupa de él un hermano que había sido obligado a dejar Alemania el pasado verano. En estos momentos, un abogado contratado por amigos alemanes intenta evitar que Süleyman sea reclutado para el servicio militar.
La oficina de extranjeros de Celle se lava las manos, ha cumplido su obligación rompiendo otra familia y truncando la vida de un ser humano cuando podía no haberlo hecho (también desde el punto de vista estrictamente legal). De hecho, hay otras oficinas de extranjeros que evitan expulsar a miembros de una familia y buscan soluciones de conjunto.

Fuentes: antifaschistische nachrichten 1-2005 ; Nds. Flüchtlingrat